Chilpancingo, abril 30, 2025.- La diputada Jesusita Galeana Radilla, presentó en el Congreso local la iniciativa “Ley Tere”, que busca proteger a maestros de denuncias falsas o sin fundamento, presentadas con dolo y sin pruebas.
De acuerdo con la diputada del PRD, esta propuesta responde “al creciente reclamo social” por garantizar el respeto a la dignidad y la integridad del magisterio, frente a casos como el ocurrido en Querétaro, donde una maestra fue acusada y detenida injustamente tras una denuncia difundida en redes sociales.
La iniciativa contempla reformas y adiciones al Código Penal y a la Ley de Educación del estado. Se propone adicionar el artículo 320 al Código Penal para tipificar como delito las denuncias “de hechos inverosímiles” presentadas con la intención de perjudicar al personal docente.
Este nuevo artículo impondría penas de uno a cinco años de prisión y de 100 a 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quienes, actuando dolosamente, acusen falsamente a maestros o maestras al interior de instituciones educativas.
El contenido actual del artículo 320, relativo a testimonios falsos ante la autoridad, se recorrería como artículo 320 Bis, manteniendo vigente su aplicación.
De igual manera, se plantea la adición del artículo 83 Bis a la Ley Número 464 de Educación del Estado de Guerrero. Este nuevo precepto establece que, con el objetivo de preservar la paz y garantizar entornos escolares libres de violencia, las madres y padres de familia, el personal docente y los estudiantes deberán observar una conducta respetuosa y sujeta a los protocolos de actuación escolar, protegiendo en todo momento la dignidad de las personas y sus derechos humanos.
El artículo también contempla que, si durante un procedimiento se determina que una denuncia se basó “en hechos inverosímiles” , las autoridades educativas deberán dar vista al Ministerio Público y coadyuvar en la investigación correspondiente para que se proceda penalmente conforme a lo establecido en el artículo 320 del Código Penal.
La propuesta normativa reconoce la necesidad de un entorno escolar donde prevalezca el respeto, y donde las denuncias sean tratadas con responsabilidad y sustento real.
La diputada argumentó que el objetivo de la iniciativa no es inhibir el derecho a denunciar, sino evitar que el sistema legal sea utilizado para causar daño intencionado a docentes cuya trayectoria puede verse afectada de forma irreversible por acusaciones infundadas.
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